El MundoEl Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo de Población para el Desarrollo (Unfpa), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), Banco de desarrollo de América Latina (CAF), ONU Mujeres y la Unión Europea fueron los invitados a presentar sus planes de acción para la integración de la mujer en distintos ámbitos.
La delegada de la UE en el país, la embajadora Aude Maio-Coliche, expresó que el evento estaba destinado a presentar herramientas financieras y de conocimiento a las Organizaciones No Gubernamentales para que se puedan generar redes de apoyo y canalizar de mejor manera los casos referidos a violencia contra la mujer o desigualdades de tipo económicas por género.
“Nuestra opción es que los planes de acción estén dirigidos a la igualdad: igual trabajo, igual salario. Estamos conscientes que la discriminación por género no ha cesado en el mundo, pero estamos evolucionando”, destacó.
Es por esto que han elaborado un plan de acción 2016-2020, donde se hace énfasis en cuatro puntos principales: la eliminación de la violencia de género, promover sus derechos económicos, alzar la voz de la mujer en la política y en la sociedad y, por último, cambiar la cultura institucional.
“Hay una intención real de cambio en las instituciones; es decir, hay una transformación de mentalidad, y es por esto, que en este momento, existen posibilidades altas de éxito”, señaló Maio-Coliche.
Sin embargo, Baudouin Duquesne, representante del BID, advirtió que las desigualdades en el mundo siguen manteniéndose.
Afirmó que aún 14 millones de jóvenes se casan siendo adolescentes y una de cada tres mujeres sufren maltratos físicos o psicológicos.
“Es verdad que tenemos algunos logros visibles, pero no podemos desestimar los problemas que aún están presentes”, indicó.
Por su parte, Maribel Gutiérrez, representante residente adjunta del Pnud, informó que su proyecto busca un sello de equidad con la propuesta de un “planeta 50-50”, y que esto inicia desde lo internó.
Contó que en la organización se logró reivindicar el valor de la mujer como pieza importante en la organización; sin embargo, recalcó que aún se mantiene la “feminización” de la pobreza.
Añadió que el proyecto especifico de la Pnud es impulsar el emprendimiento juvenil femenino.
Violeta Domínguez, coordinadora de la Unidad de Inclusión y Equidad de Género de la Corporación Andina de Fomento (CAF), explicó que las organizaciones y donadores pueden estar de acuerdo en crear alianzas, pero mientras las legislaciones de los países de América Latina no estén adaptadas a los cambios, las situación que vive la mujer no va a variar. Y destacó como dato de interés que la mujer latinoamericana es la más ahorradora. “La mujer es un buen negocio para la banca a la hora de otorgar créditos, es más organizada y comedida en sus gastos”, dijo Gutiérrez.
La última ponente, Lara Blanco, representante adjunta de ONU Mujeres, explicó que las desigualdades “interactúan y se retroalimentan”.
Añadió que los países latinoamericanos están en la vanguardia de la reivindicación femenina, gracias a la postura de la política exterior y las normativas, pero aclaró, que hay un contraste regional.
“No podemos ser complacientes, ya que las estadísticas no dicen que 54% de las mujeres en el continente son las que trabajan, mientras que 17% de ellas son domésticas”, especificó.
Programas de financiamiento
La UE financia proyectos para el empoderamiento y equidad femenina a través de tres herramientas: las relaciones bilaterales, regionales o financiamiento temático. Esta última es la realización de convocatorias globales, y Venezuela participa en esta modalidad.
En los programas, la Unión Europea puede ofrecer por proyecto entre 400.000 a 600.000 euros, pero debe ser una organización sin fines de lucro constituída o un emprendimiento ya en ejecución.
Además, trabajan con tres ejes transversales: el fortalecimiento de la red de organizaciones dedicadas al apoyo de la mujer, la capacitación de jóvenes y el cambio climático. Las convocatorias iniciarán a principio de abril de este año y el proceso de evaluación dura nueve meses.